Ultraje a la Libertad: el gran negocio de la justicia en Edomex
Además de lo anterior, los impactos sociales de un sistema de
procuración e impartición de justicia alterado son significativos: cárceles
abarrotadas en algunos casos por arriba del 200% de su capacidad real; índices
delictivos que no ceden –debido a que los verdaderos criminales siguen en las
calles-; altos grados de impunidad (solo 7% de los delitos terminan con
sentencia en el Estado de México de acuerdo al más reciente informe de la Universidad de Guadalajara sobre Índices de Impunidad en México) y, lo más grave, familias destrozadas, estigmatizadas y empobrecidas.
Un informe obtenido por transparencia en junio del 2019, reveló
que el Edomex alojaba 29 mil 125 internos en 22 centros penitenciarios, pero
para octubre, cuando se realizó la entrevista con el coordinador del Centro Zeferino Ladrillero,
ya rebasaban los 30 mil.
Las cárceles más saturadas a esa fecha de acuerdo al informe proporcionado
por la secretaria de seguridad, eran Ecatepec, con 5 mil 747 internos; el de Nezahualcóyotl
Bordo, con más de 4 mil 460 reos; el de Tlalnepantla, con 4 mil 230; el
Santiaguito, de Almoloya de Juárez, con 3 mil 595 y el de Chalco con más de 3
mil 100.
Otros centros penitenciarios como el de Texcoco y el de
Cuautitlán, acumulan más de mil 400 personas privadas de su libertad cada uno.
El coordinador del CDHZL estima que la población penitenciaria
que permanece en las cárceles falsamente acusada o porque simplemente no puede
por sus condiciones económicas o sociales defenderse, podría rondar entre el 60
y 70%; el presidente de la LIMEDDH, Adrián Ramírez, en una entrevista paralela, estimó que podría rondar tranquilamente el 70%.
¿PERO POR QUÉ SUPLANTAR CRIMINALES?
Pero ¿Cuáles son los motivos que se esconden detrás de la fabricación
de culpables o suplantación de delincuentes de manera masiva –por personas inocentes-, en el Estado de
México?
Para el abogado Lara Duque, la respuesta apunta hacia varias direcciones,
la primera tiene que ver con el sostenimiento de un sistema penitenciario que
se ha monetizad, es decir que las 22 cárceles se
administran como negocios, en los que todo, absolutamente, tiene un precio, lo que a su vez genera
regalías millonarias que se reparten entre quienes participan en él o lo
regentean, en sus distintos niveles.
Esto significa que desde su financiamiento en lo formal, los centros preventivos operan
enormes cantidades de dinero, con otros negocios implicados para su
funcionamiento, pero que para mantener el “negocio” debe garantizarse, ante
todo, "que éstos estén llenos al tope de
presos".
Solo cómo ejemplo Lara Duque refirió las tarifas que existen al
interior de los centros preventivos para ingresar en sábado (500 pesos por
persona); que las mujeres no sean auscultadas por las custodias (100 pesos); que la comida que
llevan a sus seres queridos no sea batida (entre 50 y cien pesos) o que el familiar
no sea agredido por los grupos de poder que controlan los centros (alrededor de
mil pesos a la semana), de acuerdo, está última tarifa, a familiares entrevistados por
Libertarium.
Esta economía subterránea que corre por las prisiones estatales
y se alimenta de las celdas repletas, contrasta también con los costos formales
para su manutención que a la par siguen aumentando.
Continuando con los ejemplos, en 2020 se programó un presupuesto de dos mil 717 millones 427 mil 430 pesos para el sistema penitenciario; en 2019, fueron dos mil 786 millones 686 mil 196 pesos y en 2018, dos mil 599 millones 25 mil 318 pesos, cifras que en su enorme mayoría se destinan al pago de servicios a empresas privadas para el abasto de alimentos, lavandería y otros servicios.
Otro aspecto contradictorio es que pese a que se contratan
servicios de comedor, las familias deben sustentar semanalmente el alimento de sus familiares recluidos y
otros gastos colaterales, formales e informales…
El aumento en las detenciones –casi todas arbitrarias- para llenar
las cárceles y hacerlas viables financieramente, también se ve reflejado en los
recursos públicos que reciben, ya que antes de 2017 (cuando se dispararon los
operativos “antidelincuenciales”), el gasto destinado al sistema penitenciario
no llegaba a los mil 450 millones de pesos. Fue ese año electoral, cuando
Eruviel Ávila elevó los niveles de
persecución y criminalización mediante sus famosos “operativos rastrillo” –que Del
Mazo retomó-, cuando de un plumazo aumentaron
de mil 400 millones a dos mil 192 millones el presupuesto para las
cárceles.
También ese año (2017), creció el presupuesto a seguridad en más
de mil 100 millones de pesos (de 8 mil 246 millones a 9 mil 329 millones de
pesos) y para impartir justicia en al menos 350 millones de pesos más, al pasar
de 3 mil 115 millones de pesos en 2017 a 3 mil 465 millones 605 mil pesos.
Desde entonces los recursos no han dejado de crecer y ahora buscan construir
otras dos cárceles en asociación con firmas privadas.
Pero el siguiente brinco acelerado, desesperado por dar cifras
positivas en seguridad –o al menos simularlo-, se dio con Alfredo del Mazo, al
aumentar golpe tras golpe los dineros para los tres rubros, aunque las cifras
de criminalidad, combate a la impunidad y protección a la población no mejoran,
cómo se verá más adelante.
Lo que sí creció, fue la cifra de denuncias ciudadanas por
detenciones arbitrarias iniciadas ante la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México (CODHEM). Aunque las denuncias no son atendidas por el
organismo, son un
referente de la crisis social que se ha desatando.
BRUTALIDAD POLICIACA VS, CARCELES ABARROTADAS
En 2015 el organismo captó 596 por detención arbitraria; 309 por
el uso indebido dela fuerza públicas y mil113 por violaciones al Derecho Humano
a la integridad y seguridad personal, para un total de mil 18 denuncias
relacionadas con abusos policiacos; en 2016 estas variantes sumaron mil 565 y en
2017, con otras clasificaciones agregadas, se contabilizaron 3 mil 869, de las
cuales, 565 fueron quejas por el uso desproporcionado de la fuerza pública;
512, por violentar el respeto a la situación jurídica (la mayoría delas
detenciones son sin orden de aprehensión) y otras 361 por violentar el Derecho
a la Libertad.
Ese año además, existen otras miles de quejas que el comisionado
en turno, decidió dispersar en una estadística que suma a los abusos de autoridades relacionadas con
proporcionar justicia o seguridad: También se denunciaron, mil 124 actos de
abuso contra el Derecho a la Integridad y a la seguridad personal; 965 quejas
se iniciaron en el mismo 2017, por presuntas violaciones al Derecho a la Debida
Diligencia; dos mil 544 por presuntos actos contra la legalidad y las seguridad
jurídica, además de mil 214 quejas de internos.
Las denuncias ante la CODHEM no han parado, ni tampoco las
denuncias del organismo y autoridades gubernamentales (de las que depende de
facto), por dispersar las cifras. En 2018 sumaron mil 308, sin considerar otras
mil 28 quejas de personas privadas de su libertad. En una revisión de cifras hasta
2019, el organismo que hoy dirige el exrector citado en la investigación Estafa
Maestra, Jorge Olvera, no había emitido ningún tipo de medida real para frenar los abusos policiacos
y las encarcelaciones en masa.
Por otro lado, especialistas en ciencia jurídica admiten que
existen fallas graves en el sistema, ya que no solo hay violaciones
sistemáticas al llamado “debido proceso”, sino que la justicia se ha
encarecido.
La justicia es para quienes tienen dinero y pueden financiar una
buena defensa privada, reconoció por su parte el abogado y experto en derecho constitucional,
Eric Garay Bravo, al reconocer que tampoco existen garantías para una “defensa
idónea”, para quienes no cuentan con recursos, ya que los defensores públicos
en general, abandonan los casos a su suerte, no obstante tratarse de vidas
humanas.
Libertarium solicitó información vía transparencia a la
Secretaría de Justicia del Estado de México, para medir la eficacia de los
llamados “defensores públicos” o defensores de oficio. No hubo respuesta,
rechazaron todos los cuestionamientos planteados y negaron la existencia de la
información. Estaremos insistiendo.
Por otro lado y desde el punto de vista del también académico de
la Facultad de Derecho de la UAEMex, existen al menos cinco elementos o
“formalidades esenciales”, dentro del llamado “Debido Proceso”, que deben
cuidarse en el caso de que una persona sea sometida a “un acto de poder” o a un
acto de autoridad, o cuando entra en conflicto con la ley, pero también
coincidentemente, son los tipos de violaciones más frecuentes que se cometen
cuando las personas son privadas de su libertad injustamente y sometidas a
procesos fabricados.
Estas cinco formalidades son: Tener la posibilidad de conocer la
causa o carpeta de investigación que se le atribuye y por qué delito; segundo,
la posibilidad o el derecho de “probar” (su inocencia), esto implica contar con
una defensa idónea y ser escuchado; la tercera es la posibilidad o el derecho
de argumentar; la cuarta, la facultad o derecho de recibir una sentencia
fundada, motivada y clara; la quinta es la posibilidad de impugnar, de
inconformarse.
Pese a lo anterior y a que Tratados Internacionales y la Constitución Política de México, desde su artículo 13 hasta el 23, constituyen baterías para un “debido proceso” a favor de los ciudadanos, estas no se cumplen en general en Edomex, sobre todo cuando las detenciones se realizan de manera arbitraria en operativos “rastrillo” o retenes, o en detenciones dirigidas por ministeriales solitarios o en pequeños grupos, a la caza de culpables, de acuerdo a testimonios recabados por Libertarium.
Lo anterior se traduce en violaciones graves al “debido
proceso”, de entre las cuales, las más frecuentes tienen que ver con detención arbitraria
sin un ordenamiento judicial; la no puesta a disposición de manera inmediata;
la no notificación previa de que se inició una carpeta de investigación;
tortura; tratos degradantes e inhumanos para admitir delitos no cometidos;
tratos inhumanos o tortura para testiguar cargos falsos contra terceros.
Dependiendo de la fase de los procesos o juicios, también se
reportan el rechazo de pruebas de descargo –por parte de los jueces- que
claramente operarían a favor de los inocentes acusados falsamente; abusos de
autoridad en distintos grados; prolongación de los juicios de manera
arbitraria; presentación y admisión –también de los jueces- de testigos y
pruebas falsas, en la mayoría de las veces estos testigos son los propios
policías que realizan las detenciones ilegales, entre otros excesos.
LEY DE AMNISTÍA –QUE SIRVA-
Recientemente y ante la emergencia social que se ha derivado del fenómeno de los “falsos culpables”, a partir de la fabricación en masa de delitos en todo el país y en respuesta a una oferta de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, la fracción parlamentaria de Morena en la LX Legislatura Local, presentó una iniciativa de Ley de Amnistía, que sin embargo no ofrece soluciones a este fenómeno que cada día se está agravando en las cárceles mexiquenses.
El proyecto replica la Ley de Amnistía de orden federal, la cual
también resulto corta ante las necesidades que surgen de un proceso prolongado
de años de criminalización de sectores vulnerables.
Ante este proyecto, que solo ofrece amnistía para
primodelincuentes y por delitos menores, el presidente de la Liga Mexicana para
la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), Adrián Ramírez, reconoció que la
iniciativa es insuficiente, sobre todo porque quienes son “cazados” por el
sistema para maquillar cifras, reciben cargos por delitos de alto impacto y
sentencias por décadas. Una tragedia social.
De acuerdo al titular del LIMEDDH se trata de miles de personas
que bajo 30 años de neoliberalismo, operaron como mecanismo de equilibrio para
sostener un narco-estado-policial-militar, que al ritmo que cometía delitos
fabricaba culpables, pues de esa manera se justificaba –aparentando eficacia- y
sostenía un complejo sistema de corrupción de gran alcance.
Esto sin considerar que el sostenimiento de grandes poblaciones
penitenciarias, operan también como un sistema en el que se invierten grandes
sumas de dinero público.
En una entrevista con Libertarium, el experto en temas de
Derechos Humanos, justicia y sistemas carcelarios, advirtió que las iniciativas
para generar las leyes de amnistía en las entidades y el Estado de México, se
están quedando cortas, pues se está frente a un sistema que por varias décadas,
pero con mayor intensidad en los últimos 20 años en Edomex, se dedicó a
prácticamente a una cosa: “fabricar culpables”.
En este sentido y considerando que la iniciativa de ley promovida por la fracción legislativa de Morena en la 60 Legislatura Local propone otorgar la amnistía pero solo para quienes incurrieron en delitos menores, primodelincuentes y para quienes por sus condiciones económicas no pudieron solventar la justicia –en síntesis-, el titular del LIMEDDH, Adrián Ramírez, aseguró que ese y otros proyectos a nivel nacional podrían resultar insuficientes, ya que no responden a la realidad que llevó al país a llenar sus cárceles de personas inocentes.
Entrevistado sobre el proyecto legislativo del Congreso Local
del Estado de México sobre la Ley de Amnistía del Estado de México, en respuesta a su
similar federal, el presidente del LIMEDDH, delineo las complejidades que
enfrentan estos proyectos y su limitado alcance para abarcar a quienes
realmente requieren ser amnistiados y que llevan 20 años o más sin recibir
sentencia, producto del complejo sistema de corrupción por el que fueron
coptados por delitos que no cometieron.
En esta entrevista Adrián Ramírez, hizo un resumen apretado de
la génesis que configuró los sistemas de procuración de justicia y judiciales que
terminaron por fincar el piso para fabricar culpables en masa y sostenerlos ahí
injustamente; pero también abordó cuales son las otras alternativas que
paralelas a estos proyectos de Ley de Amnistía en las entidades, podrían dar
respuesta a esta enorme necesidad de justicia y que son básicamente dos: una
Reforma Penal Restitutiva y Mesas de Negociación en los estados, similares a
las que montó la SEGOB, para revisar “caso por caso”.
De inicio y para abrir tema, Adrián Ramírez advirtió que debe
derogarse la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y otras leyes
especiales y jurisprudencias, bajo las cuales las víctimas del sistema
neoliberal y narco-estado de los pasados sexenios, siguen compurgando penas por
delitos que jamás cometieron. A continuación la entrevista.
-¿En el Estado de México se presentó la iniciativa para crear
una Ley de Amnistía, sin embargo no se están considerando a las personas que se
encuentran en las prisiones por delitos fabricados, cómo éstas leyes van a
enfrentar esta problemática?
El primer punto es que el sistema penal se ha distorsionado
terriblemente para propiciar fundamentalmente la corrupción, el tráfico de
influencias y tener una población cautiva que es obligada o inducida al consumo
de drogas, a vincularse a los grupos delincuenciales para delinquir bajo la
amenaza y el temor fundado de hacerles daño a ellos o a los familiares y que en
otras sociedades, estas personas o no hubieran tocado la prisión o ya estarían
libres con todas las modalidades que el sistema de justicia pondera, para
encaminarse fundamentalmente a permitir que se pondere la reparación de daños a
las víctimas en los delitos que no ven la prisión, y también se fortalece y
favorecen las penas sustitutivas de prisión, puesto que mantener a personas en
prisión es un barril sin fondo en el que se va el dinero del erario, sin lograr
el cometido de brindarnos seguridad, ni tampoco disuade a la delincuencia paras
que esta se inhiba de cometer actos ilícitos.
Ahora tenemos 30 años con la imposición de un modelo que llegó mediante los fraudes judiciales, la tortura, la inducción de testigos y las campañas mediáticas espectaculares, a llevar a prisión a un número de personas a quienes se les fabricaron delitos y fundamentalmente, estos 30 años del neoliberalismo, a partir de este milenio, sobre todo con la llegada de Genaro García Luna, se dio un importantísimo número de personas que fueron privadas de su libertad y se mantienen en prisión, puesto que mientras no se abrogue la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada , no puede existir Ley de Amnistía alguna que los pueda poner en libertad, puesto que ya de entrada los delitos de la Delincuencia Organizada, son altamente criticados y preocupan a la opinión pública.
Es decir, cuando hablamos de Delincuencia Organizada,
inmediatamente en la mente de las personas se refleja una situación de mucha
gravedad y aunque esto no sea así, porque en ese periodo se impuso un “narco
Estado policiaco militar”, en el que el Estado cometía delitos y para dar
resultados fabricaba delincuentes, para poder mantener esa complejidad de ser
un “narco estado policíaco militar” habría que dar resultados y por lo tanto se
fabricaron los delitos y eso es lo que no va a permitir que puedan salir en
libertad con estas leyes de amnistía, por más benévolas que puedan ser.
Es por ello que primero vemos con muy buenos ojos que salgan las
leyes de amnistía, pero entendemos que es insuficiente y por lo tanto nos
pronunciamos por que se abroguen las leyes especiales, como la Ley Federal
contra la Delincuencia Organizada y el sistema de Jurisprudencias que
permitieron esta ley a nivel estatal y sus correlativas en las distintas
entidades federativas.
Eso es lo fundamental pero sobre todo que la ciudadanía
entienda, que no se quede con el prejuicio de haber visto escenas
impresionantes donde en apariencia un delincuente confiesa ante las cámaras y
de manera casi cínica haber cometido delitos en un video, cuando aún ni
siquiera ha sido presentado ante la autoridad ministerial, es decir mediante la
tortura se le obligó a hacer esos videos y la televisión nos permitió hacernos
creer que eso estaba pasando.
Bajo este contexto, Libertarium, Proyecto Libertad, busca
visibilizar los casos de fabricación de culpables –en una primera parte-, y
exponer las problemáticas paralelas que se están reproduciendo bajo este
esquema informal y paralelo de simular justicia.
Esta es la primera entrega.
Comentarios
Publicar un comentario