Sentenciado por "moreno" y estar sucio

 

 

Por Alma Ríos

Desde hace cinco años, Daniel Plácido Arroyo, un joven talachero, originario de la comunidad toluqueña de San Pedro Totoltepec, está injustamente preso, acusado de secuestro solo por ser moreno y estar sucio.

Daniel tenía 23 años cuando fue detenido arbitrariamente, sin que se le presentara la orden de aprehensión, fue torturado física y psicológicamente, estuvo incomunicado durante horas, y fue hasta la primera audiencia que se le dio a conocer el delito del que se le acusaba,de acuerdo a la familia.

Aun cuando no había pruebas suficientes en su contra, en el año 2017 un juez lo condenó a 70 años de prisión, al tomar en cuenta únicamente al señalamiento de la víctima, quien declaró que reconoció al imputado al verlo por unos segundos en la calle.

El juzgador descalificó  las pruebas que se presentaron para demostrar la inocencia de Daniel; entre ellas: los testimonios de sus compañeros de la vulcanizadora y del padre, quienes sostuvieron que el día de los hechos el joven estuvo en un lugar distinto de donde ocurrió el delito.

Pese a la sentencia condenatoria, Daniel Plácido y familia no dejaron de luchar por la libertad, y hace unos días recibieron una noticia que les dio esperanza: la Justicia de la Unión le otorgó su protección, tras un amparo que promovió el equipo del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL).

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito le ordenó al Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca dejar insubsistente la sentencia que fue dictada en su contra y emitir una nueva resolución, considerando y valorando las pruebas que se presentaron para demostrar la inocencia.

"Esto  significa que el Tribunal de Alzada de Toluca debe ordenar la libertad de Daniel en cuanto lo declare inocente”, explicó Antonio Lara Duque, coordinador del CDHZL.

 

 

En la resolución, el  Tribunal Colegiado estimó que la valoración del juzgador estuvo carente de objetividad, pues de manera subjetiva descalificó a los referidos testigos del acusado, y adujo que no merecían credibilidad.

“Es evidente que no la valoró con el mismo parámetro, pues como el propio quejoso lo señala en los conceptos de violación, los ofendidos, hijo y esposa de la víctima, además de las ya referidas, también presentaron varias inconsistencias en sus declaraciones”, observó.

Advirtió que la  detención del quejoso no fue en flagrancia,  sino fue quince días después que la víctima señaló que vio en la calle por unos segundos al acusado y lo reconoció; y después fueron  los policías captores quienes realizaron la investigación y obtuvieron una foto del sentenciado, que fue usada para su identificación.

 

 

 

 

 Lara Duque estimó que la nueva resolución debería ser emitida razonablemente esta misma  semana y consideró que el Poder Judicial del Estado de México tiene una gran oportunidad  de comenzar a corregir los errores del pasado si se  apega al derecho y le concede a Daniel la libertad.

“Hacemos un atento llamado a Ricardo Sodi, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, demandamos su  atención sobre la situación de Daniel y lo instamos a no solo reconocer la resolución, sino hacerlo a la brevedad necesaria”, dijo.

  La historia de Daniel Plácido se puede conocer en este enlace. https://youtu.be/69KFUwg1zZ4

 

A través de la plataforma “Haz Valer mi Libertad” se han documentado aproximadamente 30 casos como el de Daniel Plácido, de personas que están injustamente presas.

Aunque el CDHZL estima que en los penales mexiquenses hay por lo menos 19 mil personas privadas de su libertad, cuyos casos cumplen con alguna o varias categorias sospechozas de discriminación y tienen  indicios de violaciones a derechos humanos, con base  en el  cruce de información de los resultados arrojados en estudios realizados por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el INEGI y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México.

 

Ante ello, Antonio Lara reiteró la necesidad de tener una Ley de Amnistía que sirva en la entidad, en la que se tomen en cuenta estas categorías e indicios.

“Las cárceles están castigando fundamentalmente  la pobreza, la juventud, el poco acceso a la educación, porque es característico que las personas privadas de su libertad cuentan con estas características, muchos de ellos son de pueblos originarios”, observó.